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El laberinto de la segunda oportunidad

18/03/2015

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Con la nueva norma, el deudor que pretenda quedar exonerado de las deudas que no pueda pagar se va a encontrar ante un auténtico laberinto Ahora que la tan anunciada "segunda oportunidad" para particulares sobreendeudados va a co...
Con la nueva norma, el deudor que pretenda quedar exonerado de las deudas que no pueda pagar se va a encontrar ante un auténtico laberinto
Ahora que la tan anunciada "segunda oportunidad" para particulares sobreendeudados va a comenzar su tramitación en el Congreso de los Diputados y puede ser sometida a cambios, es el momento de efectuar las primeras valoraciones. Sin querer ser agoreros, podemos vaticinar su más absoluto fracaso porque el deudor que pretenda quedar exonerado de las deudas que no pueda pagar se va a encontrar ante un auténtico laberinto.La condonación de deudas para particulares ya se incluyó en la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores, pero en la práctica no ha funcionado debido a que no se contemplaba la condonación total de la deuda, sino sólo la parcial. Esto es así porque no abarcaba ni a los créditos generados tras la declaración de concurso, ni a los créditos privilegiados (básicamente Hacienda, Seguridad y Social y banca). Pues bien, el Real Decreto-ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, vuelve a incurrir en el mismo defecto, ya que mantiene la obligación de pagar todos los créditos generados tras la declaración de concurso y los créditos privilegiados. Estos créditos sólo excepcionalmente se podrán condonar si el deudor propone un plan de pagos durante cinco años y destina el 50% de sus ingresos durante estos años a satisfacer las deudas.Además, para que el juez pueda conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el deudor primero tendrá que iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, si su pasivo no supera los cinco millones de euros. Este acuerdo puede contener quitas, esperas de hasta 10 años, o bien cesión de bienes en pago o para pago de créditos.Si los acreedores no aceptan el acuerdo propuesto por el mediador concursal, o bien el acuerdo aceptado se incumple, entonces el deudor debe solicitar el concurso voluntario de acreedores. En el concurso se designará un administrador concursal, quien se ocupará de la venta o liquidación de todos los bienes del deudor.Si resulta que con los bienes no se pueden pagar todos los créditos contra la masa y privilegiados, entonces se puede pedir la exoneración si el deudor presenta un plan de pagos a cinco años de dichos créditos, y destina a dicho pago al menos el 50% de sus ingresos no inembargables. Durante estos cinco años debe aceptar estar inscrito en el Registro Público Concursal como beneficiario de la exoneración, con acceso público para que todo el mundo pueda conocer que al deudor se le ha concedido provisionalmente el beneficio de exoneración de deudas. De esta condonación excepcional quedan al margen los créditos públicos.Por otro lado, si dentro de los cinco años siguientes a otorgarse provisionalmente el beneficio de exoneración se incurre en algunos de los supuestos que no permiten este beneficio, o bien se demuestra que se han ocultado bienes, o bien mejora sustancialmente la situación económica del deudor, entonces cualquier acreedor puede solicitar al juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración, revocación que comportará que los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos.En definitiva, el deudor primero debe pasar por un intento de acuerdo extrajudicial de pagos, que durará entre tres o cuatro meses, después debe solicitar el concurso de acreedores, que suele durar al menos un año, en el que se liquidarán todos sus bienes, y luego debe esperar cinco años más para que le concedan de forma definitiva el beneficio de excusión, sin que pueda tener bienes a su nombre durante estos años, no vaya a ser que consideren que ha mejorado sustancialmente su situación económica y se lo revoquen. Todo este proceso durará como mínimo siete años, siendo optimistas.Desde la publicación en el BOE de la nueva norma nos hemos preguntado por qué el ejecutivo se empeña en obligar a que el deudor acuda al acuerdo extrajudicial de pagos antes de solicitar el concurso. Este proceso no tiene sentido cuando sea evidente que sus bienes no serán suficientes para pagar todas sus deudas, y deberá solicitar la exoneración. La única respuesta que se nos ocurre es algo perversa: resulta que el acuerdo extrajudicial de pagos no puede afectar a los acreedores de derecho público, quienes podrán iniciar y continuar con sus apremios administrativos mientras que el resto de acreedores verán paralizadas sus acciones ejecutivas. En definitiva, se trata de ganar tiempo para que Hacienda y Seguridad Social puedan hacer efectivos sus créditos, de modo que cuando el deudor solicite el concurso, dichos créditos ya estarán totalmente saldados o se habrán reducido considerablemente.En conclusión, es evidente que de nuevo el Ministerio de Hacienda ha ganado la batalla frente al Ministerio de Justicia, y ello a pesar de las recomendaciones reiteradas del Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de suprimir los privilegios de los créditos públicos ante situaciones de insolvencia.

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