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Esta ley viene a desarrollar los tres principales objetivos marcados por la propia Directiva Whistleblowing, esto es:
- Establecer para determinadas empresas la obligatoriedad de implementar un canal interno de información, a través del que puedan informarse, de forma confidencial o anónima, de posibles infracciones cometidas en su seno.
- Fijar las normas mínimas de funcionamiento de esos canales internos de información, con el fin de que la propia organización conozca, investigue y corrija y/o repare de forma inmediata los posibles daños causados por esas posibles infracciones.
- Y proteger a los informantes de posibles represalias por informar de esas infracciones.
El incumplimiento de esta obligación podrá acarrear sanciones de hasta 1 millón de euros.
- Finalidad de los canales internos de información
- Infracciones del Derecho de la Unión Europea, que afecten a los intereses financieros, al mercado interior, a las ayudas y/o a las ventajas fiscales.
- Infracciones penales o administrativas graves y muy graves, incluyendo aquellas que impliquen quebranto para la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Características técnicas del sistema de comunicación interna
- Permita su uso a terceros, es decir, no sólo al personal laboral, sino también a proveedores, clientes, competencia, socios de negocio, etc., garantizando así que afloren con mayor facilidad posibles prácticas irregulares.
- Dé la posibilidad al informante de que éste decida si desea realizar la comunicación de forma confidencial o anónima, en aras a su debida protección y generar la confianza necesaria para que vean la luz hechos que, de no ser así, jamás habrían sido revelados.
- En caso de comunicación confidencial, el informante solo podrá estar identificado por el encargado de la gestión del sistema, que será imparcial, a fin de protegerlo frente a posibles represalias.
- Cuente con un sistema con registro y que sea trazable, con el objetivo de evitar manipulaciones que puedan afectar a aquellas personas a las que se refieran los hechos relatados en la comunicación.
- Respete la normativa en materia de protección de datos.
- Permita la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos.
- Integre todos los canales de denuncia de los que ya disponga la empresa.
- Designe al responsable y encargado del canal (que podrá ser la misma persona).
- Gestione y posteriormente haga seguimiento imparcial de la comunicación (mediante personal interno o, más recomendable, mediante un tercero externo).
- Establezca los principios rectores de su funcionamiento.
- Determine el procedimiento de gestión de la denuncia y su posterior investigación, acorde con los plazos y las formas establecidas en la ley.
- Y adopte las garantías de protección del informante frente a posibles represalias.
- Posibles sanciones
- Infracciones muy graves, con sanciones de 600.001.-€ a 1.000.000.-€, si el infractor es una persona jurídica, y adicionalmente de 30.001 a 300.000.-€ al infractor persona física (normalmente empleado de la empresa) si es posible identificarlo.
- Infracción grave, con sanciones de 100.001.-€ a 600.000.-€, si el infractor es una persona jurídica, y adicionalmente de 5.001.-€ a 30.000.-€, a la persona física.
- Infracción leve, con sanciones hasta 100.000.-€, si el infractor es una persona jurídica, y adicionalmente hasta 10.000.-€, a la persona física.
Desde Fieldfisher Spain llevamos meses preparándonos para la aprobación de esta ley por lo que estamos en disposición de poner a disposición de nuestros clientes los instrumentos informáticos y jurídicos necesarios para poder cumplir con esta nueva exigencia legal y para su posterior gestión de forma sencilla, práctica y eficaz.