Emergencia por sequía: necesidad de seguridad jurídica para la industria y procesos productivos
- Por Resolución ACC/220/2024, de 1 de febrero, publicada en el D.O.G.C. nº 9093, de 2 de febrero de 2023, del Director General de la Agencia Catalana del Agua (ACA) se ha declarado el estado de emergencia por sequía en Barcelona y prácticamente en toda su provincia.
Este anuncio supone la activación de la fase de emergencia contemplado en el Plan Especial de Sequía (PES), aprobado por Acuerdo GOV/1/2020, de 8 de enero (recientemente modificado por el Acuerdo GOV/18/2024, de 16 de enero).
De entre las medidas que se contemplan en esta situación, destaca la contenida en el artículo 5.3.3 del PES, y que determina que, con carácter general, las personas titulares de aprovechamientos de agua deben reducir sus consumos en los siguientes porcentajes respecto de su consumo en situación de normalidad:
- Aunque no se indica nada respecto de la duración de esta medida, el PES determina que quedarían sin efecto una vez se haya salido de la situación de Emergencia. En tal caso, se puede volver a una situación de Excepcionalidad o de Alerta. Y desparecer cuando se recupere la situación de Normalidad.
- La declaración de Emergencia no termina de precisar qué es lo que ha de considerarse como consumo en situación de normalidad, ni como ha de computarse dicho porcentaje cuando las posibilidades de consumo pueden recaer en la competencia de las corporaciones locales, y no sólo de la ACA.
No cabe duda que dicha medida supone una afectación relevante, que puede incidir incluso en la validez de los títulos concesionales de aprovechamiento de agua de los que se disponga, y su incumplimiento puede comportar la extinción de los derechos así como la imposición de sanciones económicas
Esta indefinición, salvable de oficio o como consecuencia de un recurso (la declaración de Emergencia es recurrible en vía administrativa ante la misma Dirección General de la ACA), resulta extraordinariamente relevante para las industrias y establecimientos afectados, que -además- pueden incluso proponer planes individualizados de ahorro a la ACA.
Después en vía contencioso-administrativa, puede solicitarse no sólo su nulidad de la declaración de emergencia, sino también los daños y perjuicios que esta medida imprecisa haya generado realmente y con carácter efectivo en los procesos productivos de las instalaciones afectadas.