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En muchos casos, la insolvencia de la empresa lleva aparejada la del administrador o socio de ésta, que, igualmente, se ve abocado a instar un concurso de acreedores.
Gran parte de estas pequeñas y medianas empresas se acogieron a las ayudas que el Gobierno promulgó para paliar los efectos de la crisis. Entre estas “ayudas” se destaca la Línea de Avales ICO Covid 19 por la cual se concedió financiación a las empresas, quedando ésta avalada en un 80% por el Ministerio de Asuntos Económicos.
Adicionalmente, en muchas ocasiones, los bancos solicitaron a las socios y administradores de estas empresas que se constituyesen avalistas personales de la operación (a lo que accedieron creyendo que avalaban solamente el 20% del que respondería la empresa).
El concurso de acreedores de la empresa no impide que persista la obligación del avalista de cumplir con el pago de la deuda, pero lo cierto es que jamás se creyó que se avalaba toda la operación sino únicamente aquella parte no cubierta por el ICO.
Los avalistas no están pudiendo hacer frente a las reclamaciones de los bancos, y, dado el riesgo que ello supone para sus patrimonios personales, se ven obligados a declarar el concurso de acreedores.
La nulidad del aval comporta de forma inmediata que disminuya el pasivo de la persona avalista del ICO y por tanto facilita que pueda negociar con las entidades financieras la reestructuración de su deuda. En ocasiones, se da la circunstancia que la única deuda de la persona avalista del ICO es precisamente dicho aval, por lo que su nulidad le permite salvar su patrimonio.
Es por este motivo que muchos administradores concursales de los avalistas advierten de la conveniencia de instar la nulidad de los avales otorgados por existencia de vicios en el consentimiento en el momento de la contratación.
La Plataforma de Afectados por los Préstamos ICO Covid 19 o “PAICO” asesorada por Fieldfisher ya están representando a más de 300 avalistas en la misma situación.