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Proteger derechos fundamentales
Para Vanesa Alarcón, socia responsable en la oficina de Barcelona de la práctica de departamento de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) de Fieldfisher JAUSAS, cree que “es una medida que podría entenderse que va a facilitar la movilidad de personas entre países, pero no puede primar la economía por encima de los derechos fundamentales que tanto tiempo costaron conseguirse y solo, en realidad, determinados países y determinados ciudadanos, tenemos la suerte de poder disfrutar”.
“Con los meses, y con la información publicada, sí he visto que ahora no solo se va a permitir viajar a los que tengan dicho certificado sino también quiénes tengan un PCR negativo o un test de antígenos. Esto, me tranquiliza un poco más puesto que, de esta manera, no solo los privilegiados de haber podido ser vacunados, por edad, territorio, recursos de su país, van a poder viajar sino también quienes demuestren que están sanos de otras maneras”, aclara
«Me parece mejor que no solo se ofrezca un certificado como garantía de movilidad o de poder viajar y consumir, sino que también se dispongan de alternativas, lo que también debe considerarse, y que entiendo que se va a considerar a nivel europeo y nacional, es quién custodia este certificado, cómo se verifica qué es válido, entre otras cuestiones”.
En su opinión, “la situación no solo exige un test o prueba de aptitud para entrar al país de destino. Exige que se tomen medidas y protocolos adicionales, destinados también a garantizar la seguridad y privacidad de dichos viajeros, y que los propios viajeros sean conscientes de que deben custodiar esa información, también, con las mejores y mayores garantías”.
A su juicio, “no es cuestión de solo decir un sí o un no a un certificado. Es entender por qué y cómo se llega a ello, con todas o las máximas garantías y cómo se va a actuar, una vez se se implemente éste”.
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