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Bankia, an example to follow (in Spanish)

The article that follows is written in Spanish: Por Jordi Ruiz de Villa. La decisión de Bankia de pagar a todos los accionistas minoristas que adquirieron acciones en la OPS no puede considerarse más acertada. Con dos sentencias del Tribunal Supremo claramente destinadas a crear un cuerpo de doctrina, parecía la solución más lógica. No tiene sentido que Bankia mantenga una batalla legal con un alto coste de abogados, tasas y -por qué no decirlo- también reputacional, qu... The article that follows is written in Spanish: Por Jordi Ruiz de Villa. La decisión de Bankia de pagar a todos los accionistas minoristas que adquirieron acciones en la OPS no puede considerarse más acertada. Con dos sentencias del Tribunal Supremo claramente destinadas a crear un cuerpo de doctrina, parecía la solución más lógica. No tiene sentido que Bankia mantenga una batalla legal con un alto coste de abogados, tasas y -por qué no decirlo- también reputacional, que estaba destinada al fracaso. No obstante, es difícil de justificar que no se aplique una solución similar a los inversores institucionales. Tanto a los minoristas como a los institucionales se les proporcionó una información muy diferente a la que han revelado las pruebas practicadas en el procedimiento penal seguido en la Audiencia Nacional. De lo contrario, es impensable que hubieran comprado acciones. La decisión de Bankia también sienta precedentes en otros frentes que mantiene abiertos, como la colocación de preferentes de Caja Madrid cuando estaba en serios apuros. ¿En verdad hemos de esperar a una sentencia del Tribunal Supremo cuando las estadísticas arrojan un enorme porcentaje de éxito de los clientes? En cualquier caso, hemos llegado a esta situación porque los reguladores han fallado estrepitosamente. Hace no muchos años, actuaban con más diligencia y las reclamaciones rara vez se judicializaban y tampoco tenían repercusión mediática. Algo cambió cuando en puertas de la crisis financiera Miguel Angel Fernandez Ordoñez tomó las riendas del Banco de España y Julio Segura las de la CNMV. Quizás algún día veamos unos reguladores de prestigio que impidan, eviten o en su caso obliguen a reparar los daños sin necesidad del calvario que supone la judicialización de los casos. Mientras tanto, el sistema financiero ha quedado seriamente tocado. En los dos últimos años se han dictado más de 30 sentencias del Tribunal Supremo sobre swaps de tipos de interés, swaps de inflación, cláusulas suelo, estructurados y tridentes, con una doctrina más que consolidada que pone de relieve unas malas prácticas masivas por varias entidades financieras de renombre. Entonces, ¿por qué no deciden los bancos resolver los cientos de demandas que tienen abiertas y dejar de comercializar este tipo de productos a clientes minoristas? No se puede argumentar que corregir las malas prácticas sin necesidad de esperar al Tribunal Supremo sea poner en jaque al sistema financiero. Es justo al contrario. Es salvarlo. El sistema financiero se basa en la confianza. Sin confianza no hay inversión, y ahí sí hay una amenaza real para la economía financiera. Sin embargo, la mayoría de bancos prefiere pagar tras una demanda judicial porque en el fondo no reciben ninguna sanción y únicamente son condenados a devolver lo que nunca deberían haber cobrado (a diferencia de las decenas de miles de millones de euros con los que se ha multado a las entidades financieras en otros países de nuestro entorno). Además, cuentan con el desánimo de muchos clientes por el coste de los litigios. Pero no es descartable que las demandas por estos productos lleguen a ser tan masivas como las de la OPS de Bankia, un escenario en que la confianza de los inversores se habrá reducido a la mínima expresión. Así las cosas, si el resto de entidades no siguen la estela marcada por Bankia, sólo podemos confiar en que existan sanciones de forma gravosa -tal vez por la vía penal- a las entidades que alteren índices, cobren comisiones implícitas de swaps o actúen de forma dudosa con cualquier otro producto. Y nos queda esperar que -en ausencia de un cambio profundo en nuestro regulador- las autoridades supranacionales tomen cartas en el asunto, que ya va siendo hora.

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