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Unipost, operador postal de una rama de la familia Raventós que está en liquidación desde hace dos años, presentó ayer una demanda contra Correos por presuntas prácticas anticompetitivas de la empresa pública realizadas entre el 2004 y el 2017. Los demandantes aseguran que, a causa de lo anterior, la compañía catalana sufrió pérdidas millonarias y acabó en concurso de acreedores. Y que no fue algo fortuito, sino que Correos buscó excluir a Unipost del mercado aunque eso frustrara la liberalización del sector postal en España.
Según la demanda, encargada por la administración concursal de Fieldfisher JAUSAS a Juan Piqueras Ruiz (AGP Asesores) e Íñigo Igartua (Gómez Acebo & Pombo), Correos sacó provecho durante década y media de su posición de dominio y de las ayudas públicas ilegales que le dio España –como han certificado tanto la Comisión Europea como la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC)– para ofrecer a sus clientes descuentos brutales y precios anticompetitivos.
Esta práctica, siempre de acuerdo a la demanda, lleva ahora a Unipost a reclamar una indemnización por daños y perjuicios de 301,3 millones por el impacto sufrido en el citado periodo y después, desde el 2018 hasta mayo de este año. El importe se basa en un informe pericial del economista Joan Ramon Borrell, refrendado por PwC, que distingue entre el lucro cesante (162 millones) por el negocio arrebatado ilícitamente a Unipost por las presuntas prácticas anticompetitivas durante 15 años, el daño emergente(135 millones) resultante del concurso y la liquidación de Unipost y los daños derivados por la negativa de Correos a su rival para acceder a la red postal (3,5 millones).
La demanda se presentó ayer en los juzgados mercantiles de Barcelona y caerá, previsiblemente, en el mercantil 7, donde ya se tramita la liquidación desde febrero del 2018. Unipost presentó concurso de acreedores en julio del 2017 después de años de pérdidas cuantiosas y al no poder pagar sus deudas. El pasivo era en ese momento muy superior al activo, por lo que parecía imposible cumplir con los acreedores.
Sin embargo, la administración concursal siempre creyó factible litigar contra Correos para reclamar una indemnización y recuperar el dinero suficiente para, al menos, cubrir los 96 millones de deudas. Pero había un problema grande: Unipost no tenía apenas dinero y el activo, de solo 40 millones, no se podía poner en riesgo ni con el elevado coste de un pleito ni con una eventual condena millonaria en costas judiciales. Ni el juez ni los acreedores se podían permitir asumir ese riesgo.
Por esa razón, Fieldfisher pidió permiso al magistrado para ir de la mano de Ramco –un fondo de litigación dirigido en España por la abogada Cristina Soler– y Taconic Capital. Ambos han asumido la estructuración de la operación y la financiación del procedimiento, incluidos sus riesgos económicos, a cambio de un porcentaje relevante de la indemnización, si ganan. Raúl García Orejudo, el juez del concurso, lo autorizó tras asegurarse de que Unipost no arriesgaba ni un euro con la demanda. Ahora, la demanda ya emprende el viaje a su juzgado.
Ahora, una vez que la demanda se asigne a un juzgado y se admita a trámite, echará a andar un procedimiento del que estarán pendientes no solo Correos y los acreedores de Unipost, sino todo el sector postal. Ayer no fue posible obtener la versión de Correos sobre este asunto. Consultada por este diario, una portavoz de la compañía afirmó: “No tenemos la demanda y, por lo tanto, no vamos a decir nada hoy (por ayer)”.