Locations
El bufete destaca el aumento progresivo de las resoluciones que terminan dando la razón al cliente, sea empresa o particular, una evolución que atribuyen a la modificación por parte del Tribunal Supremo del plazo de caducidad para interponer acciones legales por vicio en el consentimiento, que ahora se inicia a partir del vencimiento del “swap”.
En su “Observatorio de jurisprudencia de productos financieros complejos 2019”, Fieldfisher JAUSAS estima que el 81,9 % de las sentencias sobre “swaps” dictadas por los tribunales en 2019 fue favorable a los inversores, un porcentaje sensiblemente superior al 76,7 % del año anterior.
En el cómputo global, desde 2012 las Audiencia Provinciales han dictado 3.984 sentencias a favor de estos inversores, de las que 2.407 son de pequeñas y medianas empresas (pymes) y 1.577, de particulares, números que demuestran “hasta qué punto han existido unas malas prácticas generalizadas por parte de las entidades”.
No obstante, el despacho ha detectado una caída en las resoluciones del Tribunal Supremo principalmente porque, explican, “su función es la de sentar doctrina y no ser una tercera instancia”.
De este modo, al existir abundante jurisprudencia en esta materia, lo previsible es que el número de sentencias continúe reduciéndose tras alcanzar su máximo en 2017.
Con todo, indican, ha aumentado el porcentaje de éxito hasta el 88 % frente al 80 % del año anterior.
Mención especial dedican en este contexto a la sanción de 91 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en febrero de 2018 a CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell por coordinarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes.
La resolución -que, aclaran, está pendiente de recurso- es “importante” ya que el denunciante fue una empresa de energías renovables; constató la existencia y generalización de las “malas prácticas bancarias” en el periodo 2006-2016; y subrayó que las obligaciones de lealtad, transparencia e información “resultan igualmente exigibles cuando el cliente sea inversor profesional”.
Unos argumentos que se encuentran cada vez más en sentencias referidas a empresas de gran tamaño, como la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid hace un año, que condenó a la entidad en cuestión a abonar más de 6,7 millones de euros por la indebida comercialización de un “swap”.
Respecto a los productos estructurados, el informe calcula que en torno al 65,2 % de las sentencias de las Audiencias Provinciales fue favorable al inversor, lo que supone una leve caída frente al 68,2 % de 2018.
En opinión del socio de litigación bancaria de Fieldfisher JAUSAS Jordi Ruiz de Villa la bajada en el número de resoluciones analizadas “resulta coherente” ya que las entidades dejaron de comercializar estos productos “hace años”.
Actualmente, concluye, el foco del litigio bancario se ha trasladado a otros productos como las cláusulas suelo y las hipotecas referenciadas al IRPH, así como a los múltiples frentes abiertos respecto al Banco Popular.