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Tanto el Estado como el propio ICO afirmaron con rotundidad que estas operaciones se encontraban avaladas por el ICO en un 80%, de forma que, en caso de impago, la empresa únicamente respondería del 20% restante. De hecho, el propio Presidente del Gobierno en las comparecencias de 17 y 18 de marzo de 2020 indicaba: “El Estado será el garante de las operaciones”.
Los bancos exigieron, además, que los socios o administradores de las empresas se constituyesen como avalistas o fiadores personales de estas operaciones a fin de asegurarse el cobro de la deuda. Éstos accedieron creyendo que avalaban solamente el 20% del que respondería la empresa.
Cuando las moratorias ofrecidas por el Estado finalizaron, la situación económica lejos de mejorar se vio empeorada por otros factores como la crisis de Ucrania, la escasez de materias primas y la inflación. Muchas de las PYMES que se beneficiaron de la línea de avales ICO no están pudiendo hacer frente a la deuda, viéndose abocadas al concurso de acreedores.
La sorpresa de los avalistas es máxima al comprobar que, ante el impago de la sociedad, el banco les está reclamando el 100% del importe pendiente cuando en todo momento creyeron que su aval no superaba el 20% de la operación.
Entre los afectados se tilda esta situación de “la gran estafa de los ICO” pues fueron vendidos por el Estado como “ayudas” para paliar la crisis y se han convertido en la verdadera pesadilla de los pequeños y medianos empresarios españoles.
La Plataforma de Afectados por los Préstamos ICO Covid 19 (PAICO), asesorada por el despacho de abogados Fieldfisher, representa a más de 300 afectados. Fieldfisher cuenta con una amplia experiencia en el sector de las malas prácticas bancarias, siendo el primer despacho en demandar a los bancos por las preferentes y habiendo ganado cientos de demandas en relación con productos bancarios estructurados, swaps, etc.
En la actualidad, ya se han interpuesto decenas de demandas y se espera que, en el último tramo del año, el número se incremente notablemente.